Avanza proyecto que busca facilitar la regularizaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos del IPV<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n y Asuntos Constitucionales, que preside Beatriz Mart\u00ednez (UCR), dio despacho favorable a un proyecto de ley que propone establecer un nuevo marco para la regularizaci\u00f3n de la titularidad de viviendas otorgadas y\/o financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y otorgar al organismo herramientas permanentes para readecuar saldos de cr\u00e9ditos y facilitar su cancelaci\u00f3n.<\/p>\n
Para abordar los alcances de la iniciativa, la comisi\u00f3n recibi\u00f3 al titular del IPV, Gustavo Cantero, quien explic\u00f3 ante los legisladores los objetivos y las herramientas que contempla el proyecto presentado por la diputada Melisa Mart\u00ednez Malanca, con la coautor\u00eda del diputado Franco Ambrosini, ambos del bloque de la Uni\u00f3n C\u00edvica Radical.<\/p>\n
Uno de los ejes planteados durante el encuentro fue la necesidad de contar con herramientas que permitan al IPV revisar y readecuar los saldos de aquellos cr\u00e9ditos que fueron otorgados bajo sistemas de actualizaci\u00f3n como UVA y, posteriormente, URS vinculadas al Coeficiente de Variaci\u00f3n Salarial.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 Cantero, el organismo cuenta actualmente con m\u00e1s de 6.000 cr\u00e9ditos activos bajo estos sistemas de actualizaci\u00f3n. En este marco, se\u00f1al\u00f3 que el objetivo es que el IPV pueda acompa\u00f1ar a quienes cumplen con sus obligaciones y buscan adelantar cuotas, realizar pagos de capital o cancelar definitivamente su vivienda.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que los cr\u00e9ditos habitacionales est\u00e1n divididos en peque\u00f1as partes y que, al aplicarse los mecanismos de actualizaci\u00f3n, el saldo puede incrementarse en una proporci\u00f3n que termina generando una diferencia entre el comportamiento de la deuda y el valor real de la vivienda. Por eso, la iniciativa busca dotar al Instituto de una herramienta que permita adecuar esos saldos y facilitar las cancelaciones.<\/p>\n
En ese sentido, Cantero destac\u00f3 que entre junio de 2022 y julio de 2026 se regularizaron 150 expedientes mediante las herramientas actualmente disponibles. Si bien consider\u00f3 que se trata de una cantidad acotada, se\u00f1al\u00f3 que sin estas herramientas el n\u00famero de regularizaciones hubiera sido a\u00fan menor. El objetivo, explic\u00f3, es que las pr\u00f3ximas gestiones del organismo puedan contar con una facultad permanente que facilite estos procesos.<\/p>\n
Una herramienta permanente para readecuar los cr\u00e9ditos<\/p>\n
La iniciativa plantea incorporar un nuevo inciso al art\u00edculo 4 de la Ley 4203, que autorizar\u00eda al Directorio del IPV a determinar los saldos correspondientes a adelantos de capital o cancelaci\u00f3n total de una vivienda tomando como referencia el valor del cr\u00e9dito o el costo de reposici\u00f3n del inmueble, aplicando el menor de ambos.<\/p>\n
La modificaci\u00f3n tambi\u00e9n habilitar\u00eda al organismo a modificar, fijar y\/o readecuar los precios definitivos cuando se hayan utilizado \u00edndices, estad\u00edsticas u otros mecanismos de actualizaci\u00f3n que hayan generado una distorsi\u00f3n en el precio final de la vivienda, tanto para adelantos de capital como para cancelaciones totales.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la facultad se extender\u00eda a la posibilidad de aplicar quitas por adelanto de cuotas aun cuando ese pago anticipado no implique la cancelaci\u00f3n total de la vivienda. De esta manera, el proyecto busca facilitar tanto la cancelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos como el adelanto de cuotas y capital.<\/p>\n
Los fundamentos se\u00f1alan que la propuesta apunta a superar el car\u00e1cter temporal de las herramientas previstas anteriormente por la Ley 9378. En ese marco, sostienen que la iniciativa incorpora una modificaci\u00f3n de car\u00e1cter permanente para abordar la distorsi\u00f3n generada por los mecanismos de actualizaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos UVA, CVS y URS.<\/p>\n
El texto fundamenta esta modificaci\u00f3n se\u00f1alando que la evoluci\u00f3n de los \u00edndices utilizados para actualizar los cr\u00e9ditos puede generar una diferencia entre el capital nominal adeudado y el valor real y actual de la vivienda. Seg\u00fan expresa el proyecto, esta situaci\u00f3n \u201cdesalienta por completo la cancelaci\u00f3n anticipada o el adelanto de cuotas\u201d y afecta el recupero de fondos que realiza el Instituto.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, los fundamentos remarcan que la cancelaci\u00f3n anticipada constituye \u201cuna inyecci\u00f3n financiera vital para el recupero de fondos\u201d, ya que permite retroalimentar el sistema solidario de vivienda y financiar nuevas obras habitacionales.<\/p>\n
La iniciativa establece adem\u00e1s que el Directorio del IPV deber\u00e1 reglamentar la operatoria mediante una resoluci\u00f3n, fijando los requisitos y condiciones para su implementaci\u00f3n, dentro de los 90 d\u00edas corridos desde la promulgaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n
Un nuevo r\u00e9gimen para regularizar la titularidad<\/p>\n
El proyecto tambi\u00e9n establece un marco jur\u00eddico para regularizar la titularidad de viviendas otorgadas o financiadas por el IPV cuando el Instituto contin\u00faa siendo titular registral del inmueble.<\/p>\n
Entre otros requisitos, quienes soliciten la regularizaci\u00f3n no deber\u00e1n poseer derechos de propiedad individual sobre otros inmuebles, deber\u00e1n acreditar una antig\u00fcedad m\u00ednima de cinco a\u00f1os de radicaci\u00f3n legal en Mendoza y cumplir con las condiciones que establezca la reglamentaci\u00f3n del IPV.<\/p>\n
Para los casos de viviendas transferidas mediante boleto de compraventa, cesi\u00f3n de derechos, permuta u otros instrumentos, la propuesta establece que el ocupante podr\u00e1 solicitar el cambio de titularidad acreditando una posesi\u00f3n p\u00fablica, pac\u00edfica y continua durante al menos un a\u00f1o, adem\u00e1s de encontrarse al d\u00eda con el cr\u00e9dito o haber suscripto un plan de pago.<\/p>\n
Tambi\u00e9n contempla situaciones de ocupaci\u00f3n de hecho. En estos casos, el IPV podr\u00eda desadjudicar o revocar la adjudicaci\u00f3n anterior \u2014con el debido proceso legal\u2014 cuando un tercero acredite una posesi\u00f3n p\u00fablica, pac\u00edfica y continua durante al menos tres a\u00f1os y re\u00fana los requisitos establecidos para la regularizaci\u00f3n.<\/p>\n
El proyecto establece excepciones para viviendas involucradas en denuncias de usurpaci\u00f3n, procesos civiles o de familia destinados a recuperar la posesi\u00f3n, ocupaciones expresamente autorizadas por el IPV y viviendas con saldos ya cancelados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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