Sanci\u00f3n final al nuevo r\u00e9gimen penal juvenil: imputabilidad desde los 14 a\u00f1os, medidas de seguimiento y priorizaci\u00f3n de la reinserci\u00f3n, la educaci\u00f3n y la capacitaci\u00f3n<\/p>\n
Se trata del proyecto del Ejecutivo que busca adecuar el sistema mendocino a la Ley Nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 a\u00f1os.<\/p>\n
La C\u00e1mara de Diputados, por 32 votos afirmativos, 10 negativos \u2013 Interbloque PJ y LUM -, y una abstenci\u00f3n, dio sanci\u00f3n final al nuevo r\u00e9gimen penal juvenil, estableciendo la responsabilidad penal desde los 14 a\u00f1os. Adem\u00e1s, reorganiza el fuero especializado, incorpora nuevas medidas de seguimiento y control y prioriza la reinserci\u00f3n social, la educaci\u00f3n y la capacitaci\u00f3n de los adolescentes.<\/p>\n
El r\u00e9gimen qued\u00f3 estructurado en seis t\u00edtulos: disposiciones generales; investigaci\u00f3n penal preparatoria; juicio y procedimientos especiales; impugnaciones; r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n; y procedimiento no punibles. Esta organizaci\u00f3n incorpora adem\u00e1s observaciones realizadas durante el tratamiento legislativo y busca facilitar la lectura y aplicaci\u00f3n de la normativa.<\/p>\n
Entre sus principales aspectos, la iniciativa establece que la Direcci\u00f3n de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) ser\u00e1 el organismo especializado encargado de implementar, coordinar y supervisar las medidas, sanciones y programas socioeducativos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal.<\/p>\n
La estructura contempla una Unidad de Privaci\u00f3n de Libertad Juvenil, responsable de la gesti\u00f3n y abordaje socioeducativo en los centros especializados, y una Unidad de Medidas Alternativas a la Privaci\u00f3n de la Libertad (UMA), destinada a gestionar medidas no privativas de la libertad, programas comunitarios y dispositivos de abordaje territorial.<\/p>\n
La UMA, tendr\u00e1 por finalidad proteger, promover y restituir los derechos vulnerados de todos los adolescentes punibles, favoreciendo procesos de inclusi\u00f3n social, educativa, laboral, sanitaria y comunitaria de los mismos.<\/p>\n
En tanto, la Unidad de Privaci\u00f3n de Libertad ser\u00e1 el \u00f3rgano responsable de la gesti\u00f3n integral, custodia, tratamiento, traslado, disciplina, vigilancia y abordaje socioeducativo de adolescentes privados de libertad. Tendr\u00e1 a su cargo los Centros Especializados para adolescentes privados de la libertad y asegurar\u00e1 la continuidad educativa formal obligatoria y el acceso a formaci\u00f3n profesional. La escolarizaci\u00f3n tendr\u00e1 car\u00e1cter prioritario y nunca podr\u00e1 ser suspendida como sanci\u00f3n disciplinaria.<\/p>\n
A su vez, se incorpora la figura del Supervisor Especializado, con funciones de seguimiento de la evoluci\u00f3n del adolescente, elaboraci\u00f3n de informes para la autoridad judicial y articulaci\u00f3n con redes socioeducativas y comunitarias.<\/p>\n
R\u00e9gimen penal juvenil espec\u00edfico para adolescentes de 14 a 18 a\u00f1os<\/p>\n
El proyecto establece que el C\u00f3digo se aplicar\u00e1 a las personas que tengan entre 14 y 18 a\u00f1os al momento del hecho, conforme al r\u00e9gimen de responsabilidad establecido por la Ley Nacional 27.801. Tambi\u00e9n fija que, ante dudas sobre la edad o la punibilidad, deber\u00e1 aplicarse la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al adolescente.<\/p>\n
Asimismo, crea un proceso penal juvenil con principios propios: oralidad, desformalizaci\u00f3n, confidencialidad, celeridad, diligencia excepcional, justicia restaurativa y perspectiva de g\u00e9nero y diversidad, siendo uno de los puntos relevantes el denominado \u201cplazo razonable reforzado\u201d, que obliga a imprimir una celeridad especial a las investigaciones. Adem\u00e1s, establece consecuencias para el vencimiento de determinados plazos considerados fatales.<\/p>\n
Por otra parte, organiza una estructura judicial espec\u00edfica integrada por el Tribunal Penal Juvenil, el Juzgado Penal Juvenil, el Ministerio P\u00fablico Fiscal Penal Juvenil y el Ministerio P\u00fablico de la Defensa y Pupilar, delimitando las competencias de cada \u00f3rgano.<\/p>\n
Protecci\u00f3n de la identidad y confidencialidad de los adolescentes<\/p>\n
La iniciativa proh\u00edbe publicar o difundir informaci\u00f3n que permita identificar a adolescentes involucrados en procesos penales juveniles, ya sean imputados, v\u00edctimas o testigos. La protecci\u00f3n incluye nombres, im\u00e1genes, datos familiares, domicilios, establecimientos educativos y otros elementos que permitan su individualizaci\u00f3n. Tambi\u00e9n contempla mecanismos judiciales para ordenar la remoci\u00f3n de contenidos que vulneren esta protecci\u00f3n.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, destaca que \u201cla reserva y confidencialidad de las actuaciones rige frente a terceros ajenos al proceso y tiene por finalidad resguardar la identidad, la intimidad y el proceso de reintegraci\u00f3n social del adolescente\u201d.<\/p>\n
En otro orden, determina que la intervenci\u00f3n sobre un adolescente debe quedar en manos de funcionarios especializados y fija plazos concretos.<\/p>\n
La Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (UPANA) funcionar\u00e1 como lugar de alojamiento transitorio y excepcional. Si se dispone prisi\u00f3n preventiva, el adolescente deber\u00e1 ser trasladado a un centro especializado de la Direcci\u00f3n de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ).<\/p>\n
El texto establece que las medidas privativas de libertad tendr\u00e1n car\u00e1cter provisional, excepcional y restrictivo, y deber\u00e1n fundarse en riesgos concretos de fuga u obstaculizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n. Para decidir una prisi\u00f3n preventiva se deber\u00e1n considerar, entre otros aspectos, el arraigo familiar, educativo, laboral y comunitario, la edad y grado de madurez y el contexto social del adolescente.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se establece un l\u00edmite de tres meses por per\u00edodo y un m\u00e1ximo total de 18 meses, computando las pr\u00f3rrogas.<\/p>\n
Monitoreo electr\u00f3nico y permanencia domiciliaria<\/p>\n
Incorpora asimismo el monitoreo electr\u00f3nico y la permanencia domiciliaria supervisada como medidas prioritarias para evitar el encierro en establecimientos cerrados cuando los riesgos procesales puedan ser neutralizados de otra manera.<\/p>\n
El Juez podr\u00e1 aplicar las medidas cautelares no privativas de libertad adaptadas a la finalidad socioeducativa y previo informe situacional de la Unidad de Medidas Alternativas (UMA). En su dise\u00f1o y aplicaci\u00f3n se priorizar\u00e1 el acceso a la salud, la educaci\u00f3n obligatoria y el fortalecimiento de los v\u00ednculos familiares, quedando prohibido imponer cauciones o exigencias econ\u00f3micamente inalcanzables para el adolescente o sus responsables.<\/p>\n
Despu\u00e9s de la imputaci\u00f3n, la DRPJ deber\u00e1 tomar contacto con el adolescente y su grupo familiar afectivos para elaborar un diagn\u00f3stico situacional, que deber\u00e1 aportar elementos objetivos sobre la situaci\u00f3n personal, familiar, social y educativa del adolescente, evaluando la existencia de riesgos procesales y la procedencia de medidas alternativas a la privaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n
A partir de all\u00ed, un Supervisor Especializado tendr\u00e1 a su cargo el seguimiento, asistencia y control del adolescente, con informes peri\u00f3dicos al \u00f3rgano judicial. Ante incumplimientos, deber\u00e1 informar de manera inmediata y podr\u00e1 convocarse una audiencia para revisar las medidas adoptadas.<\/p>\n
Justicia restaurativa y soluciones alternativas<\/p>\n
Otro de los ejes importantes del proyecto es la incorporaci\u00f3n de mecanismos de justicia restaurativa, mediaci\u00f3n, conciliaci\u00f3n, criterios de oportunidad y suspensi\u00f3n del proceso a prueba, y enfatiza que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o deber\u00e1 priorizar modalidades restaurativas, educativas y proporcionales a la edad, grado de madurez, autonom\u00eda progresiva y posibilidades reales del adolescente, sin que la falta de recursos econ\u00f3micos constituya impedimento para el acceso a soluciones alternativas o restaurativas.<\/p>\n
Se crea un Cuerpo de Mediadores Penales Juveniles, que funcionar\u00e1 bajo la \u00f3rbita de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y, de la misma manera, establece un procedimiento de flagrancia juvenil con plazos determinados y una audiencia inicial que deber\u00e1 realizarse, como regla, dentro de los tres d\u00edas de la imputaci\u00f3n, as\u00ed como un r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n basado en la progresividad.<\/p>\n
Por otra parte, en t\u00e9rminos generales, la propuesta prev\u00e9 que cada adolescente tendr\u00e1 un Proyecto de Reintegraci\u00f3n Social, elaborado con intervenci\u00f3n del Supervisor Especializado y equipos interdisciplinarios; que durante el cumplimiento de una pena, el Estado deber\u00e1 garantizar el acceso a la educaci\u00f3n obligatoria, formaci\u00f3n profesional y capacitaci\u00f3n en oficios, adem\u00e1s de actividades culturales, deportivas y recreativas, y regula un procedimiento espec\u00edfico para adolescentes no punibles.<\/p>\n
Beatriz Mart\u00ednez (UCR), se\u00f1al\u00f3 que \u201ceste proyecto mejora el sistema que tenemos, acelera los plazos sin resignar ninguna garant\u00eda, hay l\u00edmites y consecuencias para los adolescentes pero tambi\u00e9n una responsabilidad del Estado con todas las herramientas necesarias para la reintegraci\u00f3n social de ese chico que ha delinquido\u201d, a lo que agreg\u00f3 que \u201caqu\u00ed el Estado provincial una vez m\u00e1s est\u00e1 presente, se involucra y se ocupa\u201d.<\/p>\n
En este sentido, la diputada expres\u00f3 que \u201ceste proyecto mejora el sistema que tenemos y lo ajusta de una manera muy armoniosa al nuevo r\u00e9gimen nacional\u201d, asegurando que \u201cson muchos los pa\u00edses que fijan edad para atribuir responsabilidad a los 14 a\u00f1os, mientras otros lo hacen por debajo de esa edad\u201d. Adem\u00e1s, destac\u00f3 el principio superior que tiene el ni\u00f1o, que es el pilar sobre el que se asienta todo el andamiaje tanto de este r\u00e9gimen provincial como del nacional.<\/p>\n
Por otra parte, puntualiz\u00f3 que \u201cprocura una respuesta especializada, r\u00e1pida, proporcional y orientada a la responsabilizaci\u00f3n, a la protecci\u00f3n de la v\u00edctima y sobre todo, a la reintegraci\u00f3n social de ese adolescente que ha delinquido y que debemos recuperar como Estado y como sociedad\u201d, y remarc\u00f3 que \u201cMendoza es una de las pioneras en esta adaptaci\u00f3n procesal con tan amplio debate y con la mirada puesta tanto en la justicia que nos reclama la ciudadan\u00eda, pero tambi\u00e9n en la posibilidad de reencauzar la vida de nuestros adolescentes a trav\u00e9s de la educaci\u00f3n y un abordaje multidisciplinario\u201d.<\/p>\n
Dijo asimismo que durante todo el debate en comisiones se introdujeron modificaciones, incluso de t\u00e9cnica legislativa, para ordenar el concepto legal. \u201cCerca de 40 cambios se hicieron al proyecto original, por lo que su estudio ha sido amplio y habla de la institucionalidad de la provincia. En Mendoza hoy no estamos fundando un sistema, sino que estamos ordenando y fortaleciendo un sistema que ya tenemos desde hace muchos a\u00f1os\u201d; y resalt\u00f3: \u201cQuiero destacar fundamentalmente la decisi\u00f3n de pol\u00edtica de Estado en materia criminal que tiene Mendoza, que ancla el abordaje de los j\u00f3venes imputados en conflictos con la ley penal en la \u00f3rbita del Ministerio de Educaci\u00f3n, Cultura, Infancias y Direcci\u00f3n General de Escuelas\u201d.<\/p>\n
Coincidentemente opin\u00f3 la diputada Melisa Mart\u00ednez Malanca (UCR) quien brid\u00f3 detalles t\u00e9cnicos de la propuesta. En ese marco, resalt\u00f3 \u201cla inserci\u00f3n de la figura de la v\u00edctima en este proyecto de Ley\u201d y afirm\u00f3 que \u201cse pone el foco en la reinserci\u00f3n social. Queremos que ese chico en conflicto con la Ley, se reinserte socialmente. Se pone el foco en medidas educativas, laborales, de salud, problemas de salud mental, etc\u00e9tera\u201d.<\/p>\n
Por otra parte, manifest\u00f3 que este r\u00e9gimen tiene 94 art\u00edculos; \u201ces especial, porque hablamos de menores entre 14 y 18 a\u00f1os; en Mendoza se ven\u00eda aplicando un r\u00e9gimen similar desde los 16, y contempla cuestiones espec\u00edficas respecto a una serie de principios como el derecho a la intimidad y la protecci\u00f3n de la identidad\u201d. Hizo menci\u00f3n, a su vez, a los plazos previstos, al mecanismo general del procedimiento del r\u00e9gimen, y a la figura de la prisi\u00f3n preventiva estableciendo un m\u00e1ximo de 18 meses.<\/p>\n
Sintetiz\u00f3 que \u201cel proyecto es muy extenso, sin duda alguna es necesario que tomemos parte de un flagelo que nos afecta diariamente. Son sumamente importantes los puntos sobre los que se est\u00e1 avanzando. Tenemos que hacernos cargo, y es necesaria una justicia restaurativa, donde participe la v\u00edctima y que nos involucremos socialmente\u201d.<\/p>\n
Seguidamente, la diputada Jimena Cogo (PRO) acompa\u00f1\u00f3 la iniciativa destacando que era necesario adecuarse a la Ley Nacional. Por otro lado se\u00f1al\u00f3 que \u201cuna ley no se cumple solamente con la publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial\u201d, sino que hay que asegurar su efectiva aplicaci\u00f3n. \u201cLa justicia restaurativa sin equipos solo es una promesa, hacen falta estructuras que las haga reales\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
En este sentido expres\u00f3 que con la penalidad desde los 14 a\u00f1os, las causas van a ser m\u00e1s y ser\u00e1 necesario m\u00e1s recurso humano y presupuestario. Hizo menci\u00f3n al caso del departamento de Malarg\u00fce, en el cual consider\u00f3 necesario la incorporaci\u00f3n de una UPANA (Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Ni\u00f1ez y Adolescencia) y una UMA (Unidad de Medidas Alternativas a la Privaci\u00f3n de la Libertad), para \u201cque esta ley sea efectiva\u201d.<\/p>\n
A su turno, la diputada Gabriela Lizana (FR-LN), se opuso al proyecto. Se manifest\u00f3 a favor de la baja de edad de imputabilidad, pero plante\u00f3 algunas objeciones respecto a la iniciativa, como los recursos que se prevean para su implementaci\u00f3n. \u201cLo que sucede con nuestros adolescentes nos interpela. Permitirle al Estado intervenir es darles una oportunidad pero no como est\u00e1 planteado en el texto porque no producir\u00e1 el efecto buscado\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n
En tanto, el diputado Lucas Ilardo (FP), solicit\u00f3 su abstenci\u00f3n a la votaci\u00f3n. Expres\u00f3 que \u201ceste proyecto tiene que salir porque tenemos que adaptarnos a la Ley nacional. Votar a favor o en contra condiciona si sale o no, pero tenemos la responsabilidad, aun no estando de acuerdo, de aprobarlo para que nuestro sistema se adapte\u201d.<\/p>\n
Subray\u00f3 que tiene \u201ccosas interesantes\u201d como capacitaci\u00f3n para equipos, un cuerpo de mediadores penales juveniles, garant\u00edas de salud mental. \u201cNo discutimos s\u00ed o no a la baja de la edad de imputabilidad, eso se debati\u00f3 en el Congreso de la Naci\u00f3n\u201d, expuso, pero consider\u00f3 que quedaron sin resolver observaciones importantes, como lo tocante al plazo inicial para que el fiscal solicite prisi\u00f3n preventiva, y al control jurisdiccional autom\u00e1tico para menores; lo cual es crucial dado los acuerdos internacionales sobre los Derechos del Ni\u00f1o. Asimismo, indic\u00f3 que hay \u201cproblemas de dise\u00f1o institucional a corregir\u201d.<\/p>\n
En esa l\u00ednea la diputada Ver\u00f3nica Valverde (PJ) sostuvo que \u201ces un tema dif\u00edcil el que nos convoca. La ley nacional vigente claramente es regresiva e inconstitucional, por eso muchas provincias no van a adecuar su ley a la normativa nacional\u201d. Asegur\u00f3 que \u201cnuestro bloque no va a acompa\u00f1ar este proyecto y es lamentable, porque estas leyes deber\u00edan ser de consenso absoluto\u201d.<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que Mendoza intenta adecuar una ley que fue pionera en el pa\u00eds, la Ley 6354 de 1994, y reflexion\u00f3 finalmente sobre la \u201creinserci\u00f3n\u201d comparando las condiciones en las que crecen muchos j\u00f3venes en Mendoza.<\/p>\n
Por su parte, Cintia G\u00f3mez (PRO) indic\u00f3 que \u201ces un tema muy delicado. Los derechos no eliminan las responsabilidades, un adolescente tiene derechos y tiene que entender que cada acci\u00f3n tiene consecuencias\u201d. Expres\u00f3 que \u201cno estamos hablando de mano dura, estamos hablando de reglas claras, de una Justicia capacitada para estos casos, con seguimiento, con educaci\u00f3n, con capacitaci\u00f3n, y con reinserci\u00f3n; y por supuesto, que cuando corresponda, tambi\u00e9n hablemos de la privaci\u00f3n de la libertad\u201d.<\/p>\n
Asimismo, dijo que solo con la aprobaci\u00f3n no alcanza, sino que \u201ctenemos que seguir por el camino de lo m\u00e1s importante, y son los recursos, el seguimiento y la capacitaci\u00f3n constante a quienes van a llevar a cabo este r\u00e9gimen\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n Gustavo Cairo (MxL), hizo hincapi\u00e9 en que \u201cla baja de la edad de imputabilidad es un gran avance de nuestro pa\u00eds, que estaba desfasado de lo que pasa en otros pa\u00edses con distintos perfiles ideol\u00f3gicos. Era una materia pendiente en primer lugar, por las v\u00edctimas\u201d.<\/p>\n
Entre 2017 y 2024, 992 personas en el pa\u00eds fueron asesinadas por menores de entre 14 y 18 a\u00f1os, expres\u00f3, por lo que \u201cno poner el acento en todas esas familias y el sentimiento de impunidad es tener una insensibilidad muy grande. Cuando la consecuencia es nula, son utilizados por mayores en muchos casos, y ese sistema encamina al menor en una carrera delictiva.<\/p>\n
A su turno, el diputado Germ\u00e1n G\u00f3mez (PJ), tras adelantar el voto negativo opin\u00f3 que \u201cno es el camino el c\u00f3mo se ha preparado este proyecto\u201d. Consider\u00f3 que \u201cno hay consenso pol\u00edtico para el tratamiento\u201d y afirm\u00f3 que hay debate y hay tratamiento, pero el consenso pol\u00edtico permite construir pol\u00edticas p\u00fablicas a largo plazo, por lo que deber\u00eda haberse armado una mesa de trabajo con profesionales de los distintos partidos pol\u00edticos para su redacci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cTiene deficiencias esta Ley que es de suma trascendencia\u201d, dijo, para luego exponer algunos cuestionamientos a art\u00edculos espec\u00edficos de la normativa. \u201cTiene un marco netamente punitivo, en algunos aspectos estamos retrocediendo. Tocamos fibras muy sensibles de la sociedad\u201d.<\/p>\n
Por \u00faltimo, Mauro Giambastiani (MM), aleg\u00f3 que se dieron las condiciones para un consenso pol\u00edtico en el estudio que se dio en comisiones de ambas c\u00e1maras. Subray\u00f3 que \u201cnos lleg\u00f3 la invitaci\u00f3n formal a todos los legisladores, donde se hicieron 43 modificaciones aproximadamente, y participaron m\u00e1s de 30 profesionales, vinieron jueces, ministros, fiscales, vinieron jueces jubilados a dar su punto de vista para aquellos que hoy todav\u00eda est\u00e1n ejerciendo\u201d.<\/p>\n
De igual manera se\u00f1al\u00f3 que \u201cvenimos a convertir en Ley una pr\u00e1ctica que ya se da de manera efectiva. S\u00e9 del trabajo que se hace en Mendoza con los chicos que est\u00e1n privados de su libertad. No estamos innovando, estamos adecuando algo que nos convierte en faro en relaci\u00f3n a otras provincias\u201d.<\/p>\n
Finalmente sostuvo que \u201clo \u00faltimo que necesitamos es chicos que est\u00e9n privados de la libertad, pero s\u00ed que sean conscientes de su responsabilidad. El mensaje no es solo para el que delinque, sino para los que viven dentro de la ley que ven como actuaban otros sin ning\u00fan tipo de reparo\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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