Despacho favorable al nuevo r\u00e9gimen penal juvenil<\/p>\n
Se trata del proyecto del Ejecutivo que busca adecuar el sistema mendocino a la Ley Nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 a\u00f1os.<\/p>\n
La comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n y Asuntos Constitucionales, dio despacho favorable al proyecto con media sanci\u00f3n del Senado que promueve un nuevo r\u00e9gimen penal juvenil, estableciendo la responsabilidad penal desde los 14 a\u00f1os. Adem\u00e1s, reorganiza el fuero especializado, incorpora nuevas medidas de seguimiento y control y prioriza la reinserci\u00f3n social, la educaci\u00f3n y la capacitaci\u00f3n de los adolescentes.<\/p>\n
El r\u00e9gimen qued\u00f3 estructurado en seis t\u00edtulos: disposiciones generales; investigaci\u00f3n penal preparatoria; juicio y procedimientos especiales; impugnaciones; r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n; y procedimiento no punibles. Esta organizaci\u00f3n incorpora adem\u00e1s observaciones realizadas durante el tratamiento legislativo y busca facilitar la lectura y aplicaci\u00f3n de la normativa.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 la titular de la comisi\u00f3n, Beatriz Mart\u00ednez (UCR), a lo largo del an\u00e1lisis en conjunto de ambas C\u00e1maras, previo a la media sanci\u00f3n, \u201cse recibieron numerosos aportes y el texto resultante es superador. M\u00e1s de 43 modificaciones realizadas al proyecto original, incluso desde la t\u00e9cnica legislativa para que la lectura de los distintos temas fueran siguiendo el proceso\u201d.<\/p>\n
Entre sus principales aspectos, la iniciativa establece que la Direcci\u00f3n de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) ser\u00e1 el organismo especializado encargado de implementar, coordinar y supervisar las medidas, sanciones y programas socioeducativos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal.<\/p>\n
La estructura contempla una Unidad de Privaci\u00f3n de Libertad Juvenil, responsable de la gesti\u00f3n y abordaje socioeducativo en los centros especializados, y una Unidad de Medidas Alternativas a la Privaci\u00f3n de la Libertad (UMA), destinada a gestionar medidas no privativas de la libertad, programas comunitarios y dispositivos de abordaje territorial.<\/p>\n
La UMA, tendr\u00e1 por finalidad proteger, promover y restituir los derechos vulnerados de todos los adolescentes punibles, favoreciendo procesos de inclusi\u00f3n social, educativa, laboral, sanitaria y comunitaria de los mismos.<\/p>\n
En tanto, la Unidad de Privaci\u00f3n de Libertad ser\u00e1 el \u00f3rgano responsable de la gesti\u00f3n integral, custodia, tratamiento, traslado, disciplina, vigilancia y abordaje socioeducativo de adolescentes privados de libertad. Tendr\u00e1 a su cargo los Centros Especializados para adolescentes privados de la libertad y asegurar\u00e1 la continuidad educativa formal obligatoria y el acceso a formaci\u00f3n profesional. La escolarizaci\u00f3n tendr\u00e1 car\u00e1cter prioritario y nunca podr\u00e1 ser suspendida como sanci\u00f3n disciplinaria.<\/p>\n
A su vez, se incorpora la figura del Supervisor Especializado, con funciones de seguimiento de la evoluci\u00f3n del adolescente, elaboraci\u00f3n de informes para la autoridad judicial y articulaci\u00f3n con redes socioeducativas y comunitarias.<\/p>\n
R\u00e9gimen penal juvenil espec\u00edfico para adolescentes de 14 a 18 a\u00f1os<\/p>\n
El proyecto establece que el C\u00f3digo se aplicar\u00e1 a las personas que tengan entre 14 y 18 a\u00f1os al momento del hecho, conforme al r\u00e9gimen de responsabilidad establecido por la Ley Nacional 27.801. Tambi\u00e9n fija que, ante dudas sobre la edad o la punibilidad, deber\u00e1 aplicarse la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al adolescente.<\/p>\n
Asimismo, crea un proceso penal juvenil con principios propios: oralidad, desformalizaci\u00f3n, confidencialidad, celeridad, diligencia excepcional, justicia restaurativa y perspectiva de g\u00e9nero y diversidad, siendo uno de los puntos relevantes el denominado \u201cplazo razonable reforzado\u201d, que obliga a imprimir una celeridad especial a las investigaciones. Adem\u00e1s, establece consecuencias para el vencimiento de determinados plazos considerados fatales.<\/p>\n
Por otra parte, organiza una estructura judicial espec\u00edfica integrada por el Tribunal Penal Juvenil, el Juzgado Penal Juvenil, el Ministerio P\u00fablico Fiscal Penal Juvenil y el Ministerio P\u00fablico de la Defensa y Pupilar, delimitando las competencias de cada \u00f3rgano.<\/p>\n
Protecci\u00f3n de la identidad y confidencialidad de los adolescentes<\/p>\n
La iniciativa proh\u00edbe publicar o difundir informaci\u00f3n que permita identificar a adolescentes involucrados en procesos penales juveniles, ya sean imputados, v\u00edctimas o testigos. La protecci\u00f3n incluye nombres, im\u00e1genes, datos familiares, domicilios, establecimientos educativos y otros elementos que permitan su individualizaci\u00f3n. Tambi\u00e9n contempla mecanismos judiciales para ordenar la remoci\u00f3n de contenidos que vulneren esta protecci\u00f3n.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, destaca que \u201cla reserva y confidencialidad de las actuaciones rige frente a terceros ajenos al proceso y tiene por finalidad resguardar la identidad, la intimidad y el proceso de reintegraci\u00f3n social del adolescente\u201d.<\/p>\n
En otro orden, determina que la intervenci\u00f3n sobre un adolescente debe quedar en manos de funcionarios especializados y fija plazos concretos.<\/p>\n
La Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (UPANA) funcionar\u00e1 como lugar de alojamiento transitorio y excepcional. Si se dispone prisi\u00f3n preventiva, el adolescente deber\u00e1 ser trasladado a un centro especializado de la Direcci\u00f3n de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ).<\/p>\n
El texto establece que las medidas privativas de libertad tendr\u00e1n car\u00e1cter provisional, excepcional y restrictivo, y deber\u00e1n fundarse en riesgos concretos de fuga u obstaculizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n. Para decidir una prisi\u00f3n preventiva se deber\u00e1n considerar, entre otros aspectos, el arraigo familiar, educativo, laboral y comunitario, la edad y grado de madurez y el contexto social del adolescente.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se establece un l\u00edmite de tres meses por per\u00edodo y un m\u00e1ximo total de 18 meses, computando las pr\u00f3rrogas.<\/p>\n
Monitoreo electr\u00f3nico y permanencia domiciliaria<\/p>\n
Incorpora asimismo el monitoreo electr\u00f3nico y la permanencia domiciliaria supervisada como medidas prioritarias para evitar el encierro en establecimientos cerrados cuando los riesgos procesales puedan ser neutralizados de otra manera.<\/p>\n
El Juez podr\u00e1 aplicar las medidas cautelares no privativas de libertad adaptadas a la finalidad socioeducativa y previo informe situacional de la Unidad de Medidas Alternativas (UMA). En su dise\u00f1o y aplicaci\u00f3n se priorizar\u00e1 el acceso a la salud, la educaci\u00f3n obligatoria y el fortalecimiento de los v\u00ednculos familiares, quedando prohibido imponer cauciones o exigencias econ\u00f3micamente inalcanzables para el adolescente o sus responsables.<\/p>\n
Despu\u00e9s de la imputaci\u00f3n, la DRPJ deber\u00e1 tomar contacto con el adolescente y su grupo familiar afectivos para elaborar un diagn\u00f3stico situacional, que deber\u00e1 aportar elementos objetivos sobre la situaci\u00f3n personal, familiar, social y educativa del adolescente, evaluando la existencia de riesgos procesales y la procedencia de medidas alternativas a la privaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n
A partir de all\u00ed, un Supervisor Especializado tendr\u00e1 a su cargo el seguimiento, asistencia y control del adolescente, con informes peri\u00f3dicos al \u00f3rgano judicial. Ante incumplimientos, deber\u00e1 informar de manera inmediata y podr\u00e1 convocarse una audiencia para revisar las medidas adoptadas.<\/p>\n
Justicia restaurativa y soluciones alternativas<\/p>\n
Otro de los ejes importantes del proyecto es la incorporaci\u00f3n de mecanismos de justicia restaurativa, mediaci\u00f3n, conciliaci\u00f3n, criterios de oportunidad y suspensi\u00f3n del proceso a prueba, y enfatiza que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o deber\u00e1 priorizar modalidades restaurativas, educativas y proporcionales a la edad, grado de madurez, autonom\u00eda progresiva y posibilidades reales del adolescente, sin que la falta de recursos econ\u00f3micos constituya impedimento para el acceso a soluciones alternativas o restaurativas.<\/p>\n
Se crea un Cuerpo de Mediadores Penales Juveniles, que funcionar\u00e1 bajo la \u00f3rbita de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y, de la misma manera, establece un procedimiento de flagrancia juvenil con plazos determinados y una audiencia inicial que deber\u00e1 realizarse, como regla, dentro de los tres d\u00edas de la imputaci\u00f3n, as\u00ed como un r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n basado en la progresividad.<\/p>\n
Por otra parte, en t\u00e9rminos generales, la propuesta prev\u00e9 que cada adolescente tendr\u00e1 un Proyecto de Reintegraci\u00f3n Social, elaborado con intervenci\u00f3n del Supervisor Especializado y equipos interdisciplinarios; que durante el cumplimiento de una pena, el Estado deber\u00e1 garantizar el acceso a la educaci\u00f3n obligatoria, formaci\u00f3n profesional y capacitaci\u00f3n en oficios, adem\u00e1s de actividades culturales, deportivas y recreativas, y regula un procedimiento espec\u00edfico para adolescentes no punibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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