Ciberseguridad: estudiantes del Instituto Manuel Belgrano conocieron los alcances de la nueva ley provincial
Ciberseguridad: estudiantes del Instituto Manuel Belgrano conocieron los alcances de la nueva ley provincial
Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Redes y Ciberseguridad del Instituto Superior Manuel Belgrano, participaron de una charla sobre los alcances de la Ley Provincial Nº 9.726 de Ciberseguridad, en una actividad realizada en el Edificio Bicentenario de la Cámara de Diputados, por iniciativa de la diputada radical Beatriz Martínez.
El encuentro tuvo como objetivo acercar a los futuros profesionales del sector los principales aspectos de la nueva normativa, y explicar cómo las herramientas que establece impactarán en el trabajo vinculado con la protección de sistemas, datos e infraestructura digital.
Participaron más de setenta estudiantes y autoridades del Instituto, quienes pudieron interactuar realizando preguntas y aportes.
Martínez destacó la importancia de que los estudiantes puedan conocer la ley y vincular sus contenidos con la formación que están desarrollando. En ese sentido, señaló que con este evento se busca mostrarles cómo esta ley, que es la primera del país en esta materia, impactará en su carrera.
La Ley 9.726 establece un marco integral para la gestión de la ciberseguridad en Mendoza y busca garantizar la continuidad de los servicios públicos digitales, proteger los datos personales y resguardar la infraestructura crítica provincial.
La normativa parte de la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado frente al crecimiento de los ataques informáticos y las amenazas que pueden afectar sistemas esenciales. Para ello, establece principios vinculados con la confidencialidad, integridad, disponibilidad, continuidad y resiliencia de los servicios públicos digitales.
Uno de sus principales ejes es la protección de la infraestructura digital crítica provincial, que comprende aquellos sistemas y servicios cuya interrupción podría afectar significativamente el funcionamiento del Estado o la prestación de servicios esenciales. Entre las áreas alcanzadas se encuentran salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa.
Una estructura para prevenir y responder ante ataques
La ley crea un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que funcionará como autoridad de aplicación y tendrá, entre otras responsabilidades, la elaboración del Plan Provincial de Ciberseguridad.
A su vez, establece una estructura especializada para la ejecución operativa de las medidas de prevención, monitoreo y respuesta, diferenciando las funciones de conducción, ejecución y fiscalización.
Entre las herramientas previstas se encuentran un Centro de Operaciones de Seguridad, destinado al monitoreo permanente y la detección temprana de amenazas, y un Equipo de Respuesta ante Incidentes, encargado de intervenir frente a ataques y vulnerabilidades, mitigar sus efectos y contribuir a la recuperación de los sistemas afectados.
También se crea un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, que permitirá centralizar información sobre los ataques registrados, analizar vulnerabilidades, medir tiempos de respuesta y elaborar estadísticas para fortalecer las políticas de prevención.
Protección de datos y responsabilidades para proveedores
Otro de los ejes de la normativa es la gobernanza de datos, con el objetivo de proteger la información pública y ciudadana durante todo su ciclo de vida, desde su generación y almacenamiento hasta su intercambio, archivo y eliminación.
La ley alcanza a los tres poderes del Estado provincial y establece obligaciones para empresas y proveedores que brinden servicios digitales, infraestructura tecnológica, conectividad, software o almacenamiento al Estado. Entre ellas, deberán comunicar vulnerabilidades o incidentes que puedan comprometer los sistemas provinciales.
Además, incorpora un Programa de Divulgación Responsable, que contempla un canal público y gratuito para la recepción de reportes de vulnerabilidades.
La normativa también establece que determinada información vinculada con la seguridad de los sistemas estatales tendrá carácter reservado cuando su divulgación pueda comprometer datos, servicios o infraestructura digital. Esto incluye informes técnicos, reportes de incidentes, matrices de riesgo, planes de continuidad y recuperación, configuraciones, registros técnicos y evidencias digitales, entre otros elementos.
Prevención, capacitación y resiliencia
La Ley 9.726 no se limita a establecer mecanismos de respuesta frente a ataques, sino que incorpora acciones de prevención, capacitación y concientización.
En este sentido, prevé campañas de alfabetización digital destinada a organismos públicos, sector privado y ciudadanía, orientada a promover prácticas seguras para el cuidado de datos personales, credenciales y cuentas digitales y prevenir delitos como el robo de identidad.
También establece estándares mínimos de seguridad y un régimen progresivo de sanciones ante incumplimientos, especialmente frente al ocultamiento de incidentes que puedan afectar servicios públicos o información sensible.
La resiliencia constituye otro de los conceptos centrales de la normativa y refiere a la capacidad de los sistemas públicos no sólo para prevenir y resistir ataques, sino también para mantener la continuidad de los servicios y recuperarse rápidamente ante un incidente.
Finalmente, la ley contempla modificaciones a la Ley de Administración Financiera para agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la ciberseguridad y proteger la información estratégica del Estado.
