Desbarataron un «búnker» en el barrio San Martín y el inmueble será intervenido

La Policía de Mendoza secuestró cocaína, marihuana, más de 260 envoltorios con droga, municiones de distintos calibres, dinero, un teléfono y dos réplicas de armas de fuego. Mercedes Rus supervisó el operativo y confirmó que el Ministerio avanzará con la intervención administrativa del punto de venta a través de la Ley Antiaguantaderos.

La Policía de Mendoza desbarató un búnker de venta de drogas en el barrio San Martín durante un amplio operativo realizado este miércoles, que incluyó allanamientos en distintos puntos de la zona. El principal resultado se produjo en una vivienda donde los efectivos encontraron 225 envoltorios con cocaína y 37 envoltorios con marihuana. Además, se secuestraron cigarrillos artesanales con la misma sustancia.

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En el lugar también había cartuchos de distintos calibres, además de dinero en efectivo, dólares y bolsas utilizadas para fraccionamiento. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, supervisó el despliegue junto con la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, el juez Diego Flamant y los jefes de la Dirección General de Investigaciones, José Vega y de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo.

Tras el procedimiento, se dispuso una consigna policial en el inmueble y el Ministerio de Seguridad y Justicia inició las actuaciones para avanzar con su intervención administrativa a través de la Ley Antiaguantaderos. “Desbaratamos un búnker y lo vamos a intervenir. Donde encontramos lugares utilizados para sostener el delito, actuamos y avanzamos con todas las herramientas que nos da la ley”, afirmó Rus.

Los allanamientos permitieron detectar estupefacientes en otros puntos. En una de las viviendas fueron secuestrados cocaína y marihuana, mientras que en otro procedimiento se encontraron cogollos de marihuana. En otro tanto que, en otro domicilio, los investigadores incautaron réplicas de armas de fuego.

Sobre el inmueble identificado como punto de comercialización de drogas, el Ministerio avanzará ahora mediante el Programa de Intervención Administrativa, una política que permite actuar sobre propiedades utilizadas para sostener actividades delictivas e impedir que continúen funcionando con ese fin.