Avanza proyecto que busca facilitar la regularización y cancelación de créditos del IPV
Avanza proyecto que busca facilitar la regularización y cancelación de créditos del IPV
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Beatriz Martínez (UCR), dio despacho favorable a un proyecto de ley que propone establecer un nuevo marco para la regularización de la titularidad de viviendas otorgadas y/o financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y otorgar al organismo herramientas permanentes para readecuar saldos de créditos y facilitar su cancelación.
Para abordar los alcances de la iniciativa, la comisión recibió al titular del IPV, Gustavo Cantero, quien explicó ante los legisladores los objetivos y las herramientas que contempla el proyecto presentado por la diputada Melisa Martínez Malanca, con la coautoría del diputado Franco Ambrosini, ambos del bloque de la Unión Cívica Radical.
Uno de los ejes planteados durante el encuentro fue la necesidad de contar con herramientas que permitan al IPV revisar y readecuar los saldos de aquellos créditos que fueron otorgados bajo sistemas de actualización como UVA y, posteriormente, URS vinculadas al Coeficiente de Variación Salarial.
Según explicó Cantero, el organismo cuenta actualmente con más de 6.000 créditos activos bajo estos sistemas de actualización. En este marco, señaló que el objetivo es que el IPV pueda acompañar a quienes cumplen con sus obligaciones y buscan adelantar cuotas, realizar pagos de capital o cancelar definitivamente su vivienda.
El funcionario explicó que los créditos habitacionales están divididos en pequeñas partes y que, al aplicarse los mecanismos de actualización, el saldo puede incrementarse en una proporción que termina generando una diferencia entre el comportamiento de la deuda y el valor real de la vivienda. Por eso, la iniciativa busca dotar al Instituto de una herramienta que permita adecuar esos saldos y facilitar las cancelaciones.
En ese sentido, Cantero destacó que entre junio de 2022 y julio de 2026 se regularizaron 150 expedientes mediante las herramientas actualmente disponibles. Si bien consideró que se trata de una cantidad acotada, señaló que sin estas herramientas el número de regularizaciones hubiera sido aún menor. El objetivo, explicó, es que las próximas gestiones del organismo puedan contar con una facultad permanente que facilite estos procesos.
Una herramienta permanente para readecuar los créditos
La iniciativa plantea incorporar un nuevo inciso al artículo 4 de la Ley 4203, que autorizaría al Directorio del IPV a determinar los saldos correspondientes a adelantos de capital o cancelación total de una vivienda tomando como referencia el valor del crédito o el costo de reposición del inmueble, aplicando el menor de ambos.
La modificación también habilitaría al organismo a modificar, fijar y/o readecuar los precios definitivos cuando se hayan utilizado índices, estadísticas u otros mecanismos de actualización que hayan generado una distorsión en el precio final de la vivienda, tanto para adelantos de capital como para cancelaciones totales.
Además, la facultad se extendería a la posibilidad de aplicar quitas por adelanto de cuotas aun cuando ese pago anticipado no implique la cancelación total de la vivienda. De esta manera, el proyecto busca facilitar tanto la cancelación de los créditos como el adelanto de cuotas y capital.
Los fundamentos señalan que la propuesta apunta a superar el carácter temporal de las herramientas previstas anteriormente por la Ley 9378. En ese marco, sostienen que la iniciativa incorpora una modificación de carácter permanente para abordar la distorsión generada por los mecanismos de actualización de los créditos UVA, CVS y URS.
El texto fundamenta esta modificación señalando que la evolución de los índices utilizados para actualizar los créditos puede generar una diferencia entre el capital nominal adeudado y el valor real y actual de la vivienda. Según expresa el proyecto, esta situación “desalienta por completo la cancelación anticipada o el adelanto de cuotas” y afecta el recupero de fondos que realiza el Instituto.
En esa línea, los fundamentos remarcan que la cancelación anticipada constituye “una inyección financiera vital para el recupero de fondos”, ya que permite retroalimentar el sistema solidario de vivienda y financiar nuevas obras habitacionales.
La iniciativa establece además que el Directorio del IPV deberá reglamentar la operatoria mediante una resolución, fijando los requisitos y condiciones para su implementación, dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la ley.
Un nuevo régimen para regularizar la titularidad
El proyecto también establece un marco jurídico para regularizar la titularidad de viviendas otorgadas o financiadas por el IPV cuando el Instituto continúa siendo titular registral del inmueble.
Entre otros requisitos, quienes soliciten la regularización no deberán poseer derechos de propiedad individual sobre otros inmuebles, deberán acreditar una antigüedad mínima de cinco años de radicación legal en Mendoza y cumplir con las condiciones que establezca la reglamentación del IPV.
Para los casos de viviendas transferidas mediante boleto de compraventa, cesión de derechos, permuta u otros instrumentos, la propuesta establece que el ocupante podrá solicitar el cambio de titularidad acreditando una posesión pública, pacífica y continua durante al menos un año, además de encontrarse al día con el crédito o haber suscripto un plan de pago.
También contempla situaciones de ocupación de hecho. En estos casos, el IPV podría desadjudicar o revocar la adjudicación anterior —con el debido proceso legal— cuando un tercero acredite una posesión pública, pacífica y continua durante al menos tres años y reúna los requisitos establecidos para la regularización.
El proyecto establece excepciones para viviendas involucradas en denuncias de usurpación, procesos civiles o de familia destinados a recuperar la posesión, ocupaciones expresamente autorizadas por el IPV y viviendas con saldos ya cancelados.
