Media sanción a la modernización del Régimen Disciplinario de la Administración Pública
Media sanción a la modernización del Régimen Disciplinario de la Administración Pública
El proyecto busca agilizar los procedimientos disciplinarios, fortalecer las herramientas de investigación y otorgar autonomía técnica y funcional a dicha Oficina, manteniendo las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.
La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modernizar y fortalecer el Régimen Disciplinario de la Administración Pública Provincial.
Entre las herramientas que se proponen, se encuentra la posibilidad de que la Oficina General de Sumarios pueda tomar conocimiento de manera temprana de aquellos casos que podrían derivar en un sumario, mediante alertas emitidas por las áreas de Recursos Humanos, así como la facultad de iniciar investigaciones de oficio ante posibles inconductas.
Contempla además, herramientas como las audiencias virtuales para facilitar el trámite de los procedimientos y consecuencias frente a determinadas reiteraciones de inasistencias injustificadas, garantizando en todos los casos la posibilidad de ejercer el derecho de defensa.
El proyecto plantea sustituir el Anexo de la Ley 9.103, que contiene actualmente el Régimen General Disciplinario, a partir de la experiencia recogida desde su sanción. De acuerdo a los fundamentos, esa experiencia permitió advertir la necesidad de introducir modificaciones tanto en la organización y competencias de la Oficina General de Sumarios como en la tramitación de las informaciones sumarias y los sumarios administrativos.
“En particular, resulta necesario reducir los tiempos de tramitación, evitar demoras innecesarias, optimizar los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de investigación de la Administración frente a hechos que pudieren constituir faltas disciplinarias”, indican los fundamentos del proyecto elevado a la Legislatura.
La media sanción, obtuvo 33 votos por la afirmativa y 10 negativos – de los bloques PJ, FRMLN y Fuerza patria -.
Oficina General de Sumarios
Entre otros aspectos, establece que en sus funciones de investigación e instrucción, producción y valoración de la prueba y elaboración de dictámenes, deberá actuar con independencia técnica, objetividad e imparcialidad.
La iniciativa dispone también el deber de colaboración de los organismos, funcionarios y agentes de la Administración Pública Provincial frente a los requerimientos de la Oficina, quienes deberán proporcionar informes, datos y antecedentes, remitir expedientes y documentación y cumplir las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, dentro de los plazos establecidos.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la remisión oportuna de esta información busca evitar demoras que terminan afectando la duración de los procedimientos.
A su vez, la propuesta incorpora expresamente la posibilidad de que la Oficina General de Sumarios inicie de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que pudieran constituir una falta disciplinaria. De esta manera, podrá intervenir sin depender exclusivamente de la remisión formal de las actuaciones por parte de la repartición correspondiente.
Una distribución diferente de las competencias
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la redistribución de las competencias disciplinarias. Las faltas de menor entidad podrán ser instruidas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites establecidos por la ley y respetando el derecho de defensa.
Según explican los fundamentos, esto permitirá que la Oficina General de Sumarios concentre sus recursos en aquellos procedimientos que, por la naturaleza o gravedad de los hechos, requieran la intervención de un órgano especializado.
Asimismo, “se introducen modificaciones destinadas a simplificar y agilizar el procedimiento, evitando actuaciones innecesarias o repetidas, regulando la conexidad y acumulación de actuaciones e incorporando mecanismos alternativos de conclusión, cuando las características y gravedad del caso así lo permitan”, indica el texto.
Las sanciones previstas por este régimen incluyen apercibimiento; suspensión hasta treinta días corridos, cesantía, y exoneración. En ese sentido, determina que los apercibimientos y las suspensiones de hasta 5 días, serán aplicadas por el jefe superior inmediato; las suspensiones superiores a 5 y hasta 15 días, serán aplicadas por el Ministro o Secretario de la jurisdicción respectiva, y las suspensiones superiores así como las sanciones de cesantía y exoneración, deberán ser aplicadas por el Poder Ejecutivo. En los entes descentralizados, será la autoridad superior del mismo quien aplique todas las sanciones.
Se aclara al respecto que las sanciones de suspensión superiores a 15 días, cesantía y exoneración requerirán, como regla, la previa instrucción de un sumario administrativo, con una excepción para determinadas causales objetivas de cesantía, para las cuales se establece un procedimiento especial.
Otra novedad que incorpora el proyecto es que en cada jurisdicción, organismo o dependencia deberá designarse un Responsable Administrativo de Presentismo, que tendrá a su cargo el seguimiento y control de los registros de asistencia y de las novedades que incidan sobre los mismos, debiendo procurar su permanente actualización, integridad y trazabilidad.
Cuando de dichos registros surgieren circunstancias que pudieren configurar o conducir a la configuración de alguna de las causales objetivas de cesantía vinculadas con la asistencia, deberá comunicarlo inmediatamente a la oficina de Recursos Humanos competente, acompañando los antecedentes y registros correspondientes.
Procedimientos digitalizados
La reforma incorpora por otra parte modificaciones destinadas a simplificar y agilizar la tramitación, evitando actuaciones innecesarias o repetidas y regulando la conexidad y acumulación de actuaciones.
Además, incorpora mecanismos alternativos de conclusión cuando las características y gravedad del caso lo permitan, que deberán respetar los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso y requerirán el consentimiento expreso del agente involucrado y la conformidad de la autoridad competente.
Otro de los aspectos contemplados es la digitalización de los procedimientos disciplinarios. El proyecto prevé la utilización de medios electrónicos para citaciones y notificaciones, la plataforma Mendoza por Mí (MxM), audiencias virtuales y otras herramientas tecnológicas destinadas a reducir tiempos y costos, facilitar la participación de las personas involucradas y mejorar el seguimiento y la trazabilidad de las actuaciones.
El objetivo: resolver en plazos razonables
Los fundamentos del Ejecutivo remarcan que la celeridad buscada por la reforma no significa simplemente sancionar más rápido, sino lograr que la Administración pueda determinar oportunamente si existió o no responsabilidad disciplinaria y evitar que los agentes permanezcan durante períodos excesivos sometidos a procedimientos que no han sido resueltos.
En ese sentido, procura contar con un sistema disciplinario más ágil, eficaz y ordenado, fortaleciendo la capacidad de investigación de la Administración y procurando que los procedimientos se desarrollen y concluyan dentro de plazos razonables.
El proyecto sostiene que estos cambios permitirán mejorar la eficacia de la potestad disciplinaria del Estado y optimizar los recursos disponibles, manteniendo las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.
La diputada Beatriz Martínez UCR), explicó los alcances generales del proyecto, indicando que las modificaciones específicas están en un apartado de esta iniciativa, que cuenta con 56 artículos y IV Títulos.
Detalló que el primer Título abarca los puntos específicos del régimen, las sanciones, la distribución de las competencias de cada organismo vinculadas con esas sanciones, las medidas de preservación de pruebas, y los responsables de presentismo, una figura que se crea por esta normativa, entre otros aspectos. En ese sentido, hizo mención a todo el procedimiento, detallando cada paso hasta llegar a la sanción.
El segundo Título, sostuvo, se refiere a los organismos intervinientes, mientras que el Tercero, a la investigación sumarial. Al respecto, la diputada se detuvo en el apartado que incorpora la conexidad, la acumulación de actuaciones, el sumario administrativo propiamente dicho, su instrucción, las citaciones que podrán hacerse de manera electrónica a través de mensajería instantánea, correo electrónico o la plataforma Mendoza x Mí, y las audiencias, que podrán ser virtuales. Finalmente el Título IV, contiene las disposiciones generales.
Esta propuesta, expresó, “busca que tengamos un Régimen Disciplinario que sea más ágil, más eficiente y más eficaz, y a su vez, fortalecer la capacidad investigatoria del Estado. Todo esto es para mejorar la potestad disciplinaria del Estado y optimizar los recursos con los que cuenta la provincia”.
Seguidamente, el diputado Lucas Ilardo (FP) adelantó el voto negativo de su espacio a la propuesta. Sostuvo que “no han participado los trabajadores. Es imposible debatir un régimen disciplinario para los trabajadores sin que participen. Este proyecto de ley tiene algunas cosas que pueden ser buenas y tiene otras que son malas. No lo deberíamos estar tratando acá, debería debatirse en paritarias”.
Aseguró que “hablan de ley de modernización, pero se está nombrando un preceptor para que controle a los estatales, en épocas de tecnología, IA e internet. Es burocratización, proponen una cadena de control antiquísima. Además, no hay estadísticas de sumarios, plazos o sanciones; por eso está lejos de ser una modernización, es parte de un modelo que está desgastado”.
Antes de adelantar el voto negativo, remarcó que la Ley propuesta “tiene cosas positivas como los mecanismos alternativos de solución de conflicto, la posibilidad de audiencias virtuales, el sumario abreviado, pero cuando se ve en profundidad se ve un sistema que dice que el Estado no funciona por los trabajadores, cuando no es así”.
En tanto, la diputada Cintia Gómez (PRO) que adelantó el voto positivo de su bloque, agradeció la incorporación de algunas modificaciones impulsadas desde su espacio, y dijo que acompañaban la propuesta porque apunta “a un Estado eficiente, que de respuesta y que los servicios a los vecinos o sus reclamos tengan una respuesta concreta”.
“Tenemos que cambiar paradigmas, ver cuánto rinde realmente un empleado, como pasa en la actividad privada. Necesitamos empleados que cumplan con sus funciones y obligaciones; el vecino está cansado de la burocracia”, aseveró y destacó que “quién no cumpla con sus obligaciones tendrá que responder por sus actos, eso está claro. No es tomar decisiones a dedo”.
A su turno, el diputado Germán Gómez (PJ) indicó el voto negativo de su bancada porque “esta ley es inconstitucional e implica un retroceso. Termina yendo en detrimento de los derechos de los trabajadores”, ya que “no genera un esquema que brinde seguridad jurídica”.
Subrayó que “en el mismo ámbito se van a tomar todas las decisiones”, ya que “se combina la instrucción y la condena en un mismo proceso, vulnerando la imparcialidad”, a lo que añadió que “hay antecedentes de fallos judiciales, en que la instrucción y el procedimiento no pueden estar en manos de un mismo administrador. Se viola el principio de debido proceso y se infringe el principio de garantizar la imparcialidad”.
Finalmente, el presidente del interbloque Cambia Mendoza, Franco Ambrosini (UCR), sostuvo que “cuando hablan de inconstitucionalidad hay que ser responsables. Cuando establecemos un debido proceso, el derecho a defensa está, no hay ninguna inconstitucionalidad. Acá no sé persiguen personas, se persiguen conductas para preservar a los trabajadores públicos que se esfuerzan, son responsables y hacen todo lo pertinente a sus funciones. Nuestro deber es sancionar leyes y eso venimos a hacer acá”.
