Comenzó el estudio de la nueva Ley de Hidrocarburos
Comenzó el estudio de la nueva Ley de Hidrocarburos
Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Economía, Energía, Minería e Industrias, y de Hacienda y Presupuesto, que presiden Beatriz Martínez (UCR); María Fernanda Kaufman (LLA) y Elisabeth Chescitelli (UCR), respectivamente, se reunieron en plenario con el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Ambiente, Bruno De Pasquale; para trabajar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que tiene por objeto actualizar el marco normativo provincial, potenciar inversiones y modernizar la actividad en lo referido a Hidrocarburos.
Esta iniciativa propone reemplazar la normativa vigente desde hace 20 años y modernizar el régimen provincial frente a los cambios productivos, tecnológicos y normativos del sector. Incorpora nuevas herramientas para definir regalías e inversiones, incentivos para áreas maduras, desarrollo no convencional de Vaca Muerta y mayores exigencias ambientales.
La propuesta, que refuerza los principios básicos vinculados al dominio de la Provincia sobre sus recursos hidrocarburíferos, incorpora actualizaciones frente a los cambios productivos, tecnológicos y normativos de las últimas dos décadas, incluida la Ley Bases. Con ello, se busca sumar herramientas para atraer inversiones y nuevos proyectos, aumentar producción en áreas maduras y generar condiciones para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en Mendoza.
Durante el encuentro, Manuel Sánchez Bandini sostuvo que “el principal objetivo es actualizar la normativa a las necesidades actuales, saber dónde está parada la industria mendocina, entendiendo que es una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años; poder determinar hacia dónde queremos ir”.
Mostró cuadros comparativos entre la ley vigente y la actualización propuesta, y remarcó que “hay que entender el marco en el que estamos en Mendoza. La provincia tiene dos cuencas principalmente, una del norte -cuyana-, y una del sur -neuquina-, que atraviesa circunstancias totalmente diferentes en lo que respecta a su producción. Buscamos, tener la mayor cantidad de herramientas para poder maximizar la producción de ambas y en simultáneo; y todo ello, teniendo en cuenta que tenemos petróleos convencionales, primarios, secundarios y hasta terciarios, petróleos no convencionales, e inclusive minería”. Por estos motivos reflexionó sobre “¿Cómo hacemos para convivir con todo ese ecosistema productivo en una ley y con términos de sostenibilidad? Ese es el espíritu que se busca con la ley”.
Al mismo tiempo, se indicó que “desde el Estado tenemos que ir acompañando jurídicamente porque no es lo mismo tratar un yacimiento que le invierte un monto y produce una cantidad, que otro que le toca invertir lo mismo o más para producir mucho menos”. Además, porque “hasta ahora veníamos tratando de la misma manera todos en ese sentido y esta nueva ley viene también a segmentar cada yacimiento a nivel técnico y en función de eso aplicar políticas públicas energéticas para poder lograr que ese yacimiento siga hoy con vida, cuando otros en realidad empiezan a declinar y pueden terminar cayendo”.
Agregaron que “hoy por hoy nos interpela saber qué incentivos o señales damos para poder ser competitivos respecto a Río Negro, a Neuquén. Y cabe resaltar que no es lo mismo, en términos técnicos, cómo es el reservorio abajo (que tiene cada provincia)”.
Finalmente, y a modo reflexivo, los funcionarios expresaron que es muy difícil reflejar en una ley, “lo que realmente es la industria, tan específica, tan compleja como es el hidrocarburo”. En sí, “la ley trata de reflejar un poco lo que es la industria, además de brindar seguridad jurídica a la empresa, que el Estado cumpla su rol, que es, no solamente el de generar inversiones, que genere trabajo, empleo, ingresos a la provincia, sino también su facultad de controlar”.
Por último, indicaron que la provincia “seguirá acompañando a las empresas del sector con reglas claras, políticas de largo plazo y ahora con una normativa actualizada a la nueva realidad de la industria, con la meta de sostener la actividad, seguir atrayendo inversiones y seguir explorando nuestro potencial para que se convierta en mayor producción y fuentes de trabajo para los mendocinos”.
Al finalizar la exposición, las consultas de los legisladores giraron en torno a los conceptos de sostenibilidad, la responsabilidad sobre los pozos antiguos, la coparticipación a municipios en materia de regalías, la mano de obra de Mendoza, el desarrollo provincial en relación a Vaca Muerta, y la preocupación sobre la disminución de la renta y recaudación provincial.
La iniciativa propone reemplazar la Ley de hace dos décadas para adaptarla a las dos realidades productivas de Mendoza. En las dos cuencas productivas de la provincia, hay yacimientos convencionales maduros, donde el desafío es sostener la actividad, recuperar producción y extender la vida útil de los campos con exploración y aplicación de nuevas tecnologías. A su vez en la Cuenca Neuquina, principalmente en Malargüe, el potencial está asociado al desarrollo no convencional de la lengua mendocina de Vaca Muerta, que requiere inversiones de mayor escala y condiciones adecuadas para proyectos de largo plazo.
A partir de esas diferencias, la nueva ley propone un régimen más flexible para definir regalías, incentivos e inversiones según las características de cada área. También incorpora expresamente la explotación no convencional, actualiza las obligaciones ambientales, prioriza a los proveedores y trabajadores locales y fortalece los mecanismos de fiscalización y control.
Nuevo esquema para regalías e inversiones
Uno de los principales cambios está en el sistema de regalías. La ley actual establece una regalía general de 12% sobre la producción y permite reducirla hasta 5% según las características de cada proyecto.
Este proyecto propone un esquema diferente para las futuras licitaciones. La regalía de referencia será de 15%, pero las empresas podrán ofrecer un porcentaje mayor o menor al presentar sus propuestas.
De esta manera, la Provincia podrá adecuar la regalía a la realidad de cada área: exigir una participación mayor en proyectos con mejores condiciones económicas o aceptar una menor cuando sea necesario para hacer viable una inversión, por ejemplo, en campos maduros o de menor productividad.
Además, la adjudicación no dependerá únicamente de la regalía ofrecida. También se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas, y el monto de inversión tendrá un peso preponderante en la fórmula de adjudicación.
El proyecto incorpora incentivos para movilizar inversiones en áreas donde recuperar producción resulta más complejo. El Ejecutivo podrá establecer reducciones de regalías para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, las regalías podrán incluso ubicarse por debajo del 5% con fundamente técnico.
También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Para los permisos de exploración podrá reducirse, además, hasta 80% el canon correspondiente a una prórroga.
Vaca Muerta entra expresamente en la legislación provincial
Otra de las modificaciones centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la Ley de 2006.
El proyecto habilita la reconversión de concesiones hacia este régimen de acuerdo con la legislación nacional y establece así un marco provincial específico para proyectos no convencionales.
La incorporación tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos requiere inversiones intensivas, mayores plazos y condiciones distintas de las que demanda un yacimiento convencional maduro.
Mayores obligaciones ambientales
El proyecto refuerza también las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo.
Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar los monitoreos correspondientes y, cuando sea necesario, recomponer o restaurar el ambiente. También deberán contemplar el cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos y el saneamiento de los pasivos ambientales.
Además, establece expresamente que la salida de una empresa de un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su operación. Además, deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, de carácter público, que incluirá información sobre comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.
Minería e hidrocarburos en un mismo territorio
La iniciativa incorpora reglas para ordenar la eventual superposición entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos, una situación que adquiere mayor importancia ante el crecimiento de la exploración minera en Mendoza.
Como principio general, ambas actividades deberán procurar su coexistencia y compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal. La sola superposición de proyectos no implicará la caducidad, extinción o rechazo de ninguno de los derechos involucrados: sus titulares deberán intercambiar información y buscar alternativas que permitan desarrollar ambas actividades.
Cuando la coexistencia resulte imposible o genere riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y previa audiencia de los interesados. La decisión deberá considerar, entre otros aspectos, la situación de los derechos involucrados, la posibilidad de compatibilizar o secuenciar los trabajos, las inversiones realizadas y comprometidas y los impactos ambientales, sociales y territoriales.
Multas actualizadas y más recursos para el control
La reforma también reemplaza el sistema de multas expresadas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones serán clasificadas en leves, graves, muy graves y gravísimas. El texto establece además criterios para graduar las sanciones según factores como la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y la conducta de la empresa para subsanar la falta.
Además, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. La tasa no podrá superar 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo el control de la producción y del cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, además de la supervisión de los pozos desde su perforación hasta su abandono definitivo en coordinación con la autoridad ambiental.
