Sanción final al nuevo régimen penal juvenil: imputabilidad desde los 14 años, medidas de seguimiento y priorización de la reinserción, la educación y la capacitación
Sanción final al nuevo régimen penal juvenil: imputabilidad desde los 14 años, medidas de seguimiento y priorización de la reinserción, la educación y la capacitación
Se trata del proyecto del Ejecutivo que busca adecuar el sistema mendocino a la Ley Nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años.
La Cámara de Diputados, por 32 votos afirmativos, 10 negativos – Interbloque PJ y LUM -, y una abstención, dio sanción final al nuevo régimen penal juvenil, estableciendo la responsabilidad penal desde los 14 años. Además, reorganiza el fuero especializado, incorpora nuevas medidas de seguimiento y control y prioriza la reinserción social, la educación y la capacitación de los adolescentes.
El régimen quedó estructurado en seis títulos: disposiciones generales; investigación penal preparatoria; juicio y procedimientos especiales; impugnaciones; régimen de ejecución; y procedimiento no punibles. Esta organización incorpora además observaciones realizadas durante el tratamiento legislativo y busca facilitar la lectura y aplicación de la normativa.
Entre sus principales aspectos, la iniciativa establece que la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) será el organismo especializado encargado de implementar, coordinar y supervisar las medidas, sanciones y programas socioeducativos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal.
La estructura contempla una Unidad de Privación de Libertad Juvenil, responsable de la gestión y abordaje socioeducativo en los centros especializados, y una Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad (UMA), destinada a gestionar medidas no privativas de la libertad, programas comunitarios y dispositivos de abordaje territorial.
La UMA, tendrá por finalidad proteger, promover y restituir los derechos vulnerados de todos los adolescentes punibles, favoreciendo procesos de inclusión social, educativa, laboral, sanitaria y comunitaria de los mismos.
En tanto, la Unidad de Privación de Libertad será el órgano responsable de la gestión integral, custodia, tratamiento, traslado, disciplina, vigilancia y abordaje socioeducativo de adolescentes privados de libertad. Tendrá a su cargo los Centros Especializados para adolescentes privados de la libertad y asegurará la continuidad educativa formal obligatoria y el acceso a formación profesional. La escolarización tendrá carácter prioritario y nunca podrá ser suspendida como sanción disciplinaria.
A su vez, se incorpora la figura del Supervisor Especializado, con funciones de seguimiento de la evolución del adolescente, elaboración de informes para la autoridad judicial y articulación con redes socioeducativas y comunitarias.
Régimen penal juvenil específico para adolescentes de 14 a 18 años
El proyecto establece que el Código se aplicará a las personas que tengan entre 14 y 18 años al momento del hecho, conforme al régimen de responsabilidad establecido por la Ley Nacional 27.801. También fija que, ante dudas sobre la edad o la punibilidad, deberá aplicarse la interpretación más favorable al adolescente.
Asimismo, crea un proceso penal juvenil con principios propios: oralidad, desformalización, confidencialidad, celeridad, diligencia excepcional, justicia restaurativa y perspectiva de género y diversidad, siendo uno de los puntos relevantes el denominado “plazo razonable reforzado”, que obliga a imprimir una celeridad especial a las investigaciones. Además, establece consecuencias para el vencimiento de determinados plazos considerados fatales.
Por otra parte, organiza una estructura judicial específica integrada por el Tribunal Penal Juvenil, el Juzgado Penal Juvenil, el Ministerio Público Fiscal Penal Juvenil y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, delimitando las competencias de cada órgano.
Protección de la identidad y confidencialidad de los adolescentes
La iniciativa prohíbe publicar o difundir información que permita identificar a adolescentes involucrados en procesos penales juveniles, ya sean imputados, víctimas o testigos. La protección incluye nombres, imágenes, datos familiares, domicilios, establecimientos educativos y otros elementos que permitan su individualización. También contempla mecanismos judiciales para ordenar la remoción de contenidos que vulneren esta protección.
En esa línea, destaca que “la reserva y confidencialidad de las actuaciones rige frente a terceros ajenos al proceso y tiene por finalidad resguardar la identidad, la intimidad y el proceso de reintegración social del adolescente”.
En otro orden, determina que la intervención sobre un adolescente debe quedar en manos de funcionarios especializados y fija plazos concretos.
La Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA) funcionará como lugar de alojamiento transitorio y excepcional. Si se dispone prisión preventiva, el adolescente deberá ser trasladado a un centro especializado de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ).
El texto establece que las medidas privativas de libertad tendrán carácter provisional, excepcional y restrictivo, y deberán fundarse en riesgos concretos de fuga u obstaculización de la investigación. Para decidir una prisión preventiva se deberán considerar, entre otros aspectos, el arraigo familiar, educativo, laboral y comunitario, la edad y grado de madurez y el contexto social del adolescente.
Además, se establece un límite de tres meses por período y un máximo total de 18 meses, computando las prórrogas.
Monitoreo electrónico y permanencia domiciliaria
Incorpora asimismo el monitoreo electrónico y la permanencia domiciliaria supervisada como medidas prioritarias para evitar el encierro en establecimientos cerrados cuando los riesgos procesales puedan ser neutralizados de otra manera.
El Juez podrá aplicar las medidas cautelares no privativas de libertad adaptadas a la finalidad socioeducativa y previo informe situacional de la Unidad de Medidas Alternativas (UMA). En su diseño y aplicación se priorizará el acceso a la salud, la educación obligatoria y el fortalecimiento de los vínculos familiares, quedando prohibido imponer cauciones o exigencias económicamente inalcanzables para el adolescente o sus responsables.
Después de la imputación, la DRPJ deberá tomar contacto con el adolescente y su grupo familiar afectivos para elaborar un diagnóstico situacional, que deberá aportar elementos objetivos sobre la situación personal, familiar, social y educativa del adolescente, evaluando la existencia de riesgos procesales y la procedencia de medidas alternativas a la privación de libertad.
A partir de allí, un Supervisor Especializado tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control del adolescente, con informes periódicos al órgano judicial. Ante incumplimientos, deberá informar de manera inmediata y podrá convocarse una audiencia para revisar las medidas adoptadas.
Justicia restaurativa y soluciones alternativas
Otro de los ejes importantes del proyecto es la incorporación de mecanismos de justicia restaurativa, mediación, conciliación, criterios de oportunidad y suspensión del proceso a prueba, y enfatiza que la reparación del daño deberá priorizar modalidades restaurativas, educativas y proporcionales a la edad, grado de madurez, autonomía progresiva y posibilidades reales del adolescente, sin que la falta de recursos económicos constituya impedimento para el acceso a soluciones alternativas o restaurativas.
Se crea un Cuerpo de Mediadores Penales Juveniles, que funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y, de la misma manera, establece un procedimiento de flagrancia juvenil con plazos determinados y una audiencia inicial que deberá realizarse, como regla, dentro de los tres días de la imputación, así como un régimen de ejecución basado en la progresividad.
Por otra parte, en términos generales, la propuesta prevé que cada adolescente tendrá un Proyecto de Reintegración Social, elaborado con intervención del Supervisor Especializado y equipos interdisciplinarios; que durante el cumplimiento de una pena, el Estado deberá garantizar el acceso a la educación obligatoria, formación profesional y capacitación en oficios, además de actividades culturales, deportivas y recreativas, y regula un procedimiento específico para adolescentes no punibles.
Beatriz Martínez (UCR), señaló que “este proyecto mejora el sistema que tenemos, acelera los plazos sin resignar ninguna garantía, hay límites y consecuencias para los adolescentes pero también una responsabilidad del Estado con todas las herramientas necesarias para la reintegración social de ese chico que ha delinquido”, a lo que agregó que “aquí el Estado provincial una vez más está presente, se involucra y se ocupa”.
En este sentido, la diputada expresó que “este proyecto mejora el sistema que tenemos y lo ajusta de una manera muy armoniosa al nuevo régimen nacional”, asegurando que “son muchos los países que fijan edad para atribuir responsabilidad a los 14 años, mientras otros lo hacen por debajo de esa edad”. Además, destacó el principio superior que tiene el niño, que es el pilar sobre el que se asienta todo el andamiaje tanto de este régimen provincial como del nacional.
Por otra parte, puntualizó que “procura una respuesta especializada, rápida, proporcional y orientada a la responsabilización, a la protección de la víctima y sobre todo, a la reintegración social de ese adolescente que ha delinquido y que debemos recuperar como Estado y como sociedad”, y remarcó que “Mendoza es una de las pioneras en esta adaptación procesal con tan amplio debate y con la mirada puesta tanto en la justicia que nos reclama la ciudadanía, pero también en la posibilidad de reencauzar la vida de nuestros adolescentes a través de la educación y un abordaje multidisciplinario”.
Dijo asimismo que durante todo el debate en comisiones se introdujeron modificaciones, incluso de técnica legislativa, para ordenar el concepto legal. “Cerca de 40 cambios se hicieron al proyecto original, por lo que su estudio ha sido amplio y habla de la institucionalidad de la provincia. En Mendoza hoy no estamos fundando un sistema, sino que estamos ordenando y fortaleciendo un sistema que ya tenemos desde hace muchos años”; y resaltó: “Quiero destacar fundamentalmente la decisión de política de Estado en materia criminal que tiene Mendoza, que ancla el abordaje de los jóvenes imputados en conflictos con la ley penal en la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas”.
Coincidentemente opinó la diputada Melisa Martínez Malanca (UCR) quien bridó detalles técnicos de la propuesta. En ese marco, resaltó “la inserción de la figura de la víctima en este proyecto de Ley” y afirmó que “se pone el foco en la reinserción social. Queremos que ese chico en conflicto con la Ley, se reinserte socialmente. Se pone el foco en medidas educativas, laborales, de salud, problemas de salud mental, etcétera”.
Por otra parte, manifestó que este régimen tiene 94 artículos; “es especial, porque hablamos de menores entre 14 y 18 años; en Mendoza se venía aplicando un régimen similar desde los 16, y contempla cuestiones específicas respecto a una serie de principios como el derecho a la intimidad y la protección de la identidad”. Hizo mención, a su vez, a los plazos previstos, al mecanismo general del procedimiento del régimen, y a la figura de la prisión preventiva estableciendo un máximo de 18 meses.
Sintetizó que “el proyecto es muy extenso, sin duda alguna es necesario que tomemos parte de un flagelo que nos afecta diariamente. Son sumamente importantes los puntos sobre los que se está avanzando. Tenemos que hacernos cargo, y es necesaria una justicia restaurativa, donde participe la víctima y que nos involucremos socialmente”.
Seguidamente, la diputada Jimena Cogo (PRO) acompañó la iniciativa destacando que era necesario adecuarse a la Ley Nacional. Por otro lado señaló que “una ley no se cumple solamente con la publicación en el Boletín Oficial”, sino que hay que asegurar su efectiva aplicación. “La justicia restaurativa sin equipos solo es una promesa, hacen falta estructuras que las haga reales”, afirmó.
En este sentido expresó que con la penalidad desde los 14 años, las causas van a ser más y será necesario más recurso humano y presupuestario. Hizo mención al caso del departamento de Malargüe, en el cual consideró necesario la incorporación de una UPANA (Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia) y una UMA (Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad), para “que esta ley sea efectiva”.
A su turno, la diputada Gabriela Lizana (FR-LN), se opuso al proyecto. Se manifestó a favor de la baja de edad de imputabilidad, pero planteó algunas objeciones respecto a la iniciativa, como los recursos que se prevean para su implementación. “Lo que sucede con nuestros adolescentes nos interpela. Permitirle al Estado intervenir es darles una oportunidad pero no como está planteado en el texto porque no producirá el efecto buscado”, aseguró.
En tanto, el diputado Lucas Ilardo (FP), solicitó su abstención a la votación. Expresó que “este proyecto tiene que salir porque tenemos que adaptarnos a la Ley nacional. Votar a favor o en contra condiciona si sale o no, pero tenemos la responsabilidad, aun no estando de acuerdo, de aprobarlo para que nuestro sistema se adapte”.
Subrayó que tiene “cosas interesantes” como capacitación para equipos, un cuerpo de mediadores penales juveniles, garantías de salud mental. “No discutimos sí o no a la baja de la edad de imputabilidad, eso se debatió en el Congreso de la Nación”, expuso, pero consideró que quedaron sin resolver observaciones importantes, como lo tocante al plazo inicial para que el fiscal solicite prisión preventiva, y al control jurisdiccional automático para menores; lo cual es crucial dado los acuerdos internacionales sobre los Derechos del Niño. Asimismo, indicó que hay “problemas de diseño institucional a corregir”.
En esa línea la diputada Verónica Valverde (PJ) sostuvo que “es un tema difícil el que nos convoca. La ley nacional vigente claramente es regresiva e inconstitucional, por eso muchas provincias no van a adecuar su ley a la normativa nacional”. Aseguró que “nuestro bloque no va a acompañar este proyecto y es lamentable, porque estas leyes deberían ser de consenso absoluto”.
Añadió que Mendoza intenta adecuar una ley que fue pionera en el país, la Ley 6354 de 1994, y reflexionó finalmente sobre la “reinserción” comparando las condiciones en las que crecen muchos jóvenes en Mendoza.
Por su parte, Cintia Gómez (PRO) indicó que “es un tema muy delicado. Los derechos no eliminan las responsabilidades, un adolescente tiene derechos y tiene que entender que cada acción tiene consecuencias”. Expresó que “no estamos hablando de mano dura, estamos hablando de reglas claras, de una Justicia capacitada para estos casos, con seguimiento, con educación, con capacitación, y con reinserción; y por supuesto, que cuando corresponda, también hablemos de la privación de la libertad”.
Asimismo, dijo que solo con la aprobación no alcanza, sino que “tenemos que seguir por el camino de lo más importante, y son los recursos, el seguimiento y la capacitación constante a quienes van a llevar a cabo este régimen”.
También Gustavo Cairo (MxL), hizo hincapié en que “la baja de la edad de imputabilidad es un gran avance de nuestro país, que estaba desfasado de lo que pasa en otros países con distintos perfiles ideológicos. Era una materia pendiente en primer lugar, por las víctimas”.
Entre 2017 y 2024, 992 personas en el país fueron asesinadas por menores de entre 14 y 18 años, expresó, por lo que “no poner el acento en todas esas familias y el sentimiento de impunidad es tener una insensibilidad muy grande. Cuando la consecuencia es nula, son utilizados por mayores en muchos casos, y ese sistema encamina al menor en una carrera delictiva.
A su turno, el diputado Germán Gómez (PJ), tras adelantar el voto negativo opinó que “no es el camino el cómo se ha preparado este proyecto”. Consideró que “no hay consenso político para el tratamiento” y afirmó que hay debate y hay tratamiento, pero el consenso político permite construir políticas públicas a largo plazo, por lo que debería haberse armado una mesa de trabajo con profesionales de los distintos partidos políticos para su redacción.
“Tiene deficiencias esta Ley que es de suma trascendencia”, dijo, para luego exponer algunos cuestionamientos a artículos específicos de la normativa. “Tiene un marco netamente punitivo, en algunos aspectos estamos retrocediendo. Tocamos fibras muy sensibles de la sociedad”.
Por último, Mauro Giambastiani (MM), alegó que se dieron las condiciones para un consenso político en el estudio que se dio en comisiones de ambas cámaras. Subrayó que “nos llegó la invitación formal a todos los legisladores, donde se hicieron 43 modificaciones aproximadamente, y participaron más de 30 profesionales, vinieron jueces, ministros, fiscales, vinieron jueces jubilados a dar su punto de vista para aquellos que hoy todavía están ejerciendo”.
De igual manera señaló que “venimos a convertir en Ley una práctica que ya se da de manera efectiva. Sé del trabajo que se hace en Mendoza con los chicos que están privados de su libertad. No estamos innovando, estamos adecuando algo que nos convierte en faro en relación a otras provincias”.
Finalmente sostuvo que “lo último que necesitamos es chicos que estén privados de la libertad, pero sí que sean conscientes de su responsabilidad. El mensaje no es solo para el que delinque, sino para los que viven dentro de la ley que ven como actuaban otros sin ningún tipo de reparo”.
